11 REIVINDICACIONES DE LA FEDERACIÓN
1º) Garantizar por ley el derecho a la atención y a los cuidados de todas las personas dependientes mediante un sistema público, universal, subjetivo, gratuito, digno y de calidad. Exigimos que se garantice el acceso a los servicios públicos a todas las personas que lo necesiten, manteniéndolas en su entorno más próximo.
2º) Publificar los sectores subcontratados de los ámbitos de cuidados y sanitario , garantizando la subrogación y la consolidación del empleo y creando 10.000 nuevos puestos de trabajo en el conjunto de Vasconia.
3º) Fortalecer la colaboración de los sistemas sanitario y social o de cuidados con estrategias y programas de prevención desde la atención primaria y geriátrica.
4º) Garantizar por ley el derecho de los usuarios del sistema de cuidados y familiares a participar:
a) en foros institucionales de cualquier nivel (local, foral o autonómico) donde se discutan las políticas de cuidados, presentes y futuras, promoviendo su presencia activa en los órganos de participación.
b) de las prestaciones y servicios de cuidados. Se establecerán órganos o consejos de representación en todos los centros de cuidados con la capacidad de decidir en todos los aspectos que conciernen directamente a la vida de los usuarios, así como al funcionamiento y cummplimiento de la normativa que regule su funcionamiento. Asimismo, la dirección y los trabajadores tendrán derecho a la representación en los mencionados consejos.
5º) Establecer unos ratios y condiciones que garanticen una atención social y sanitaria de calidad de las personas dependientes, al nivel de los países más avanzados de la UE, y asegurar la dignificación de los cuidados, las 24 horas del día y los 365 días del año.
6º) Exigir una formación reglada con titulación, de calidad y continua de los trabajadores que garantice los derechos de los usuarios del sistema de cuidados.
7º) Valorizar el trabajo de cuidados, ofreciendo condiciones de trabajo de calidad, evitando la precarización laboral y la segmentación horizontal y vertical conforme a clase, género o estatus migratorio.
8º) Asegurar un control e inspección de la calidad del servicio de cuidados. Es imprescindible una reformulación normativa de las inspecciones que permita el escrutinio público de las denuncias, su procedimiento y conclusiones. Transparencia e información abierta, continuada, sobre las denuncias presentadas. Las inspecciones requieren independencia del poder político, y equidistancia ante los agentes auditados en la acción inspectora. Habilitar y garantizar herramientas o canales fluidos y de actuación exprés en aquellas cuestiones que requieran una solución o restitución urgentes. Las inspecciones y controles, tanto las rutinarias como las efectuadas a raíz de denuncias, tendrán que ser REALES y SIN PREAVISO. Se deberá informar del resultado de estas inspecciones a los Consejos u Órganos de participación de familiares y usuarios. Para poder llevar a cabo las necesarias inspecciones y controles de la calidad de los servicios es imprescindible disponer de personal suficiente, por eso exigimos el aumento de las plantillas de inspectores, así como garantizar que realizan su trabajo con total independencia. Es preciso garantizar que estos funcionarios tengan la adecuada y continua formación, así como una buena metodología de trabajo.
Por último, deberá ser obligatoria la existencia de un Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios que recoja los datos referenciales de cada residencia, de acceso público (internet) y permanentemente actualizado.
9º) Asegurar por un modelo de cuidados centrado en la persona, que tenga en cuenta sus necesidades, que garantice sus derechos, y que respete sus deseos en la atención y la vida cotidiana. Asimismo, hay que exigir el diseño de un plan de atención individualizada a lo largo de su vida, en función de la evolución de sus necesidades y grado de dependencia.
10º) Garantizar centros y/o módulos de cuidados que nunca superen las 25 plazas, con habitaciones individuales para procurar el respeto a la intimidad y la mejora de sus condiciones de vida.
11º) Exigir justicia y reparación por lo sucedido con el actual modelo de cuidados durante la pandemia. Los usuarios y familias del actual modelo de servicios sociales han sido víctimas del maltrato institucional y han visto vulnerados sus derechos fundamentales durante la crisis sanitaria. Pedimos un relato de autocrítica por lo sucedio y sus secuelas
en comisiones de investigación y de derechos humanos en los parlamentos. Asimismo, nos hemos encontrado desde la justicia con autos inaceptables en la forma y en el fondo que han redundado en la infamia, que chocan frontalmente con la opinión y las experiencias de la gran mayoría de usuarias y familiares, que ven responsabilidades graves directas de las instituciones y sus negocios afines.
Se requiere de un rigor y sensibilidad especiales de la Justicia para afrontar el análisis de unos acontecimientos todavía por investigar, y una inmersión (formación) de jueces, fiscales y secretarios judiciales en los derechos de las personas mayores.
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